El gremio presentó dos solicitudes ante la Dirección Nacional de Aduanas: incorporar la carpeta electrónica a las fiscalizaciones en línea y revisar el cumplimiento del plazo de 10 días hábiles establecido para determinadas medidas en frontera.

La Asociación Nacional de Agentes de Aduana, ANAGENA A.G., presentó ante la Dirección Nacional de Aduanas dos solicitudes relacionadas con la forma en que actualmente se desarrollan determinados procesos de fiscalización y despacho de mercancías.

Una de las propuestas busca incorporar la carpeta electrónica a las fiscalizaciones en línea, permitiendo utilizar documentación en formato digital en estos procedimientos. Actualmente, según lo planteado en la presentación, esta herramienta está contemplada para procesos de fiscalización realizados con posterioridad.

En este sentido, se solicitó adecuar la regulación vigente para permitir su utilización también en las fiscalizaciones en línea. Como alternativa, se pidió autorizar la entrega de la carpeta de despacho mediante correo electrónico o pendrive.

La segunda materia abordada se refiere a las medidas en frontera y al plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 16 de la Ley N° 19.912.

En términos simples, cuando Aduanas revisa una mercancía y detecta que podría estar vulnerando una marca registrada o un derecho de autor, esta puede quedar retenida temporalmente para permitir que el titular de esos derechos adopte las acciones correspondientes.

Por lo mencionado, se planteó que los 10 días hábiles comiencen a contarse desde el momento en que Aduanas, al examinar la mercancía, constata la eventual infracción.

Además, transcurrido ese plazo, la mercancía debería poder continuar su proceso de despacho si el representante de la marca no ha presentado una denuncia o querella y tampoco existe una orden judicial que indique que debe mantenerse la retención.

Cabe destacar que estas propuestas apuntan a facilitar la gestión documental, avanzar en la digitalización de los procesos y entregar mayor claridad respecto de los plazos aplicables a determinadas medidas en frontera. De ser acogidas, estas modificaciones podrían contribuir a reducir gestiones administrativas, evitar demoras y dar mayor certeza a los operadores respecto de sus procesos de despacho.